La necesaria modernización del tejido productivo sólo se puede contemplar desde la apuesta decidida de Administraciones, empresas y trabajadores y trabajadoras por iniciar el tránsito hacia una sociedad de la cualificación permanente, basada en el conocimiento y la inversión en el capital humano.
El correlato “formación permanente-productividad y competitividad” se presenta como un gran antídoto contra la precariedad y la inestabilidad en el empleo.
Esta falta de cualificación de la población activa de referencia se manifiesta como un déficit estructural que está limitando y obstaculizando el proceso de convergencia real con el resto de regiones europeas. Es necesario, pues, que las Administraciones y los agentes sociales y económicos de nuestra Comunidad Autónoma se impliquen en el desarrollo de las políticas sociolaborales, pero del mismo modo es preciso que los agentes sociales y económicos comprometan, a través de instrumentos de intervención, la extensión de este plan a través de la Negociación Colectiva en nuestra Comunidad Autónoma.
Los objetivos son claros: aumentar los niveles de empleabilidad, implementar la adaptabilidad o el desarrollo de los itinerarios formativos, favoreciendo la polivalencia en los recursos humanos y mejorar el sistema productivo local para favorecer los procesos de convergencia.
El actual modelo de crecimiento, excesivamente dependiente de las actividades intensivas en mano de obra que requieren baja cualificación, está en contradicción con los esfuerzos realizados por la sociedad para incrementar los niveles de educación y formación de la población, y es un desaprovechamiento de los mejores recursos humanos, además de un componente de precariedad laboral. Este modelo productivo es causa de la negativa evolución de la productividad, de un escaso nivel de competitividad provocado por el desajuste entre los empleos que genera el mercado de trabajo y la población cualificada que a él se incorpora. La formación permanente del capital humano se considera como un elemento estratégico que permite compatibilizar la mayor productividad de las empresas con la formación individual y la promoción profesional de los trabajadores y trabajadoras, en el marco de un proceso de aprendizaje permanente propio de la formación profesional y manifiesta una voluntad de potenciar y desarrollar al máximo la normativa legal vigente, ajustándola en la negociación colectiva de carácter autonómico, provincial y de empresa a sus singularidades sectoriales.
